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Sobre las esterilizaciones forzadas en personas con discapacidad intelectual en Chile: leyes y decretos - Telsalud


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Sobre las esterilizaciones forzadas en personas con discapacidad intelectual en Chile: leyes y decretos

por Claudia Aldana Salinas / 2 de noviembre 2020

Luego de la conversación en #Inclusive sobre discapacidad intelectual y sexualidad, y las esterilizaciones forzadas que aún se realizan en el sistema público, publicamos extractos del “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2016”, realizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, y que fue facilitado por nuestra entrevistada.

Acá pueden descargar ese informe

También, publicamos acá el Decreto-Nº23-Reglamento-ley-20584-sobre-Comisión-de-Protección-de-Derechos-de-las-Personas-con-Enfermedades-Mentales, firmado el 2012 por el entonces Presidente Piñera y su entonces Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Este reglamento es el que permite la esterilización forzada, al presentar el caso a un comité que puede autorizar que así se haga. Esto contraviene la Convención Internacional de Derechos de las Personas Con Discapacidad.

La evolución legal sobre la esterilización forzada a personas con discapacidad intelectual en los decretos del ministerio de Salud, en una versión simple, es así:

Año 2000. Resolución exenta número 2326 del Ministerio de Salud, que establece:

1. Certificación médica de dos psiquiatras o neurólogos.

2. Consentimiento del representante legal.

3. Presentación de antecedentes ante la comisión médica.

4. Comparecencia del o de la solicitante y la afectada ante la comisión médica.

 

En el año 2000, también, se promulga el Decreto Supremo Nº 570 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan

1. Consentimiento de la persona afectada o en su defecto representante legal (art. 25).

2. Ratificación del consentimiento por parte del médico tratante que quedará consignado en la ficha médica (art. 25).

3. Resolución del Ministerio de Salud (art. 25).

4. Remisión de antecedentes a la Comisión Nacional de Protección de las Personas Afectadas de Enfermedades Mentales (arts 25 y 29)

 

En el año 2004, se publica la Resolución Exenta Nº 1110. Norma general técnica Nº 71 sobre esterilización quirúrgica para personas con enfermedad mental

1. Solicitud de esterilización derivada al servicio de salud correspondiente.

2. Consentimiento de dos psiquiatras.

 

2012: Ley Nº 20.584. Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud.

1. Necesidad de contar siempre con informe favorable del comité de ética del establecimiento para realizar procedimientos irreversibles, tales como esterilización con fines contraceptivos (Art. 24)

 

Extracto del Informe De Derechos Humanos en Chile UDP 2016: LA PRÁCTICA DE ESTERILIZACIÓN EN NIÑAS Y MUJERES COMPETENTES Y CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA O INTELECTUAL EN CHILE

La Resolución Exenta Nº 2326 también regula la esterilización por solicitud de terceros. Esta normativa dispone expresamente en su artículo 7 que: “La esterilización de personas en edad reproductiva que padecen de una enfermedad discapacitante que les produzca carencia de discernimiento, se efectuará de conformidad a lo establecido en los artículos 20 y siguientes del Decreto Nº 570 del 2000, del Ministerio de Salud, que reglamenta la internación de las personas con enfermedades mentales y los establecimientos que lo proporcionan”. En efecto, la autorización de esterilización debía realizarse previa certificación de 196 dos psiquiatras o neurólogos y a solicitud de el o la representante legal, y habiendo sido remitidos los antecedentes a la comisión médica. A esta instancia debían concurrir el o la solicitante y también la persona para quien se pide la esterilización. La recién citada resolución en lo que respecta a las personas con discapacidad debe ser interpretada por lo establecido en el Decreto Supremo Nº 570 de 2000, que en su artículo 25, establece: “Requerirán siempre del consentimiento establecido en el artículo 24 que ratifique la del médico tratante, lo que deberá estamparse en la ficha clínica del paciente, las intervenciones o procedimientos irreversibles, considerándose tales, a aquellos cuyos procesos o resultados signifiquen cambios físicos o mentales de ese carácter. En estos casos, los antecedentes serán remitidos al conocimiento de la Comisión aludida en el artículo 59 en resguardo de los derechos del paciente.” Tal como lo señalan las Normas Nacionales ya mencionadas, no será admisible la solicitud respecto de NNA con discapacidad y frente a una necesidad de protección ante el riesgo de embarazo se deberán usar métodos anticonceptivos reversibles. Para mayores de edad, se insta a que la persona respecto de la cual se solicita la esterilización participe en la decisión y ello conste en la solicitud; no podrá solicitar la esterilización una institución, y en la medida que sea posible debe considerar que la persona dé su asentimiento y que la posibilidad de esterilización no obedezca a los intereses de terceros. La norma propende a que existan medios que faciliten la toma de decisión, que sean instancias colectivas y sometidas a controles de revisión. El decreto obliga a que la solicitud sea autorizada por el Comité de Ética Hospitalario y posteriormente sea revisada por la CONAPPREM, la que resolverá en última instancia. La norma de 2004 señala que el Comité debe revisar una serie de antecedentes: a) diagnóstico de discapacidad mental y que afecte la capacidad de maternidad/paternidad para la crianza; b) razones por las cuales el afectado no puede intervenir entregando su asentimiento; c) evidencia de la toxicidad de un fármaco sobre el embrión o feto que ingiera la afectada y que no pueda ser suspendido. Adicionalmente, obliga a la realización de un control hasta un año con posterioridad a la esterilización para establecer entre otras cosas, la eventual ocurrencia de abuso sexual. A su vez, la Ley Nº 20.584 de 2012 que regula los derechos y deberes de las personas en la atención de salud, establece en su artículo 24 que si la persona con discapacidad psíquica o mental no está en condiciones de manifestar su voluntad para ser sometida a tratamientos tales como la esterilización con fines anticonceptivos, se deberá siempre contar con el informe favorable del comité de ética del establecimiento.

Adicionalmente, cualquier aprobación debe ser revisada por la CONAPPREM. En una declaración de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología –Ethical Issues in the Management of the Severely Disabled Women With Gynecological Problems– se adopta una serie de recomendaciones sobre la esterilización en mujeres con discapacidad y solo la permite cuando existe evidencia de que es la última opción para proteger la salud mental de una mujer. La declaración inter agencias de Naciones Unidas sobre esterilización –Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization– plantea que es un derecho de toda persona decidir esterilizarse o rehusarse a hacerlo, sin discriminación alguna, debiendo contar con toda la información y apoyo para el proceso de toma de decisión informada. Dicho documento también señala que la esterilización sin un proceso de consentimiento informado y libre constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, una forma de discriminación, de violencia y tortura, y un trato cruel y degradante. Instan a los Estados partes a la adopción de leyes y políticas que reemplacen los sistemas de toma de decisiones por sustitución a través de un modelo que apoye la toma de decisiones, que defienda la autonomía, los deseos y las preferencias de las personas afectadas. Considerando estas recomendaciones internacionales y, también, las propias normativas nacionales, llama la atención la realización de procedimientos de esterilización quirúrgica en niñas y adolescentes. Si bien es posible que se hayan realizado todos los procedimientos de resguardo que indican las actuales normas, resalta el hecho de que los 25 casos en los cuales se aprobaron las solicitudes para estos procedimientos se concentren solo en cinco servicios de salud (Hospital Luis Tisné, Hospital Juan Noé, Hospital Las Higueras de Talcahuano, Hospital de San Antonio y Hospital Padre Hurtado).